Cárcel a las personas más pobres y sin una defensa adecuada

Lo primero que el abogado de oficio le dijo a July Raquel, tras su detención y traslado a una cárcel en Veracruz, fue que se quedara callada en la audiencia ante el juez. Le explicó que no había tenido tiempo de estudiar su expediente, que tenía una larga lista de casos en espera y que para evitar que las cosas se pusieran peor, lo ideal era el silencio.

“Como yo nunca había estado en una situación así, y además estaba muerta de miedo y en shock, pues le hice caso y me quedé callada”, dice July Raquel en entrevista desde el penal.

El juez decretó la vinculación a proceso por la acusación de homicidio, pese a que July podía argumentar y mostrar que cuando ocurrió el delito ella estaba trabajando con su papá en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Pero se quedó callada y desde ese noviembre de 2020, está en prisión preventiva.

En México, son una minoría las personas que tienen recursos suficientes para tener acceso a una abogada o abogado privado que les brinde atención oportuna cuando por una denuncia, sin una investigación de por medio y mucho menos un juicio y sentencia, terminan en prisión preventiva.

Hasta el 80% de las personas que hoy están en prisión en el país no pudieron costear una defensa particular y, como en el caso de July Raquel, tuvieron que enfrentar al menos una parte del proceso con la de oficio. Esto, según los datos recabados en el estudio ‘El servicio profesional de carrera en Defensoría Pública en México’, elaborado por los investigadores Alberto Abad Suárez y Héctor Fix-Figuero.

Y los abogados de oficio pueden llevar hasta 330 casos al mismo tiempo.

Que no se tenga acceso a una defensa adecuada responde a dos factores. Primero, a que la mayoría de la población que está en prisión son personas pobres, con condiciones de vulnerabilidad económica y niveles educativos bajos, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Inegi.

Según esa encuesta, el 71% de la población en México que permanece en prisión sin una sentencia, no es profesionista, ni empresaria, ni funcionaria pública, sino que se dedican al comercio informal o el trabajo artesanal.

Antes de su encarcelamiento, el 70% de esa misma población aseguró que debe trabajar los siete días de la semana, sin descanso, para mantenerse.

Los datos del Inegi también arrojan que 6 de cada 10 personas en prisión no lograron tener acceso a estudios superiores a la secundaria por dificultades económicas, o porque tuvieron que cambiar el tiempo de escuela por trabajo, para llevar comida a casa. Más de la mitad de ellas están acusadas, ahora, de haber cometido un robo o de poseer pequeñas cantidades de droga para venderla.

Y si además de tener este perfil socioeconómico, la persona detenida es una mujer, como en el caso de July, entonces las probabilidades de que una detención derive casi en automático en una prisión preventiva se multiplican, como se detallará en la siguiente entrega de este reportaje.

Por ello, la mayoría no tiene más opción que recurrir a una defensa de oficio. Y las condiciones del sistema de Defensoría Pública, que está saturado y rebasado, son el segundo factor que lleva a que las cada vez más personas encarceladas en prisión preventiva no tengan acceso a una defensa adecuada.

Más de 300 casos para cada abogado y abogada de oficio

Martín Flores, papá de July Raquel, en cuanto se enteró de la situación de su hija viajó con lo puesto de la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo. De inmediato fue al encuentro del abogado de oficio para decirle que todo tenía que ser un error, que el día del homicidio él había estado trabajando con su hija y que había otros testigos que así lo acreditaban.

“Mire, yo no voy a poder defender a su hija. Busque un abogado particular”, cuenta que fue la respuesta que recibió.

Casi tres meses después, y solo tras pedir prestado, vender lo que pudo y buscar horas de trabajo extra, a Martín le alcanzó para contratar a un abogado particular que se enfocó en revertir lo hecho por el defensor de oficio y solicitó al juez que July pudiera declarar.

Que ella pudiera defenderse y negar su responsabilidad y participación en el homicidio ocurrió nueve meses después de haber sido encarcelada en prisión preventiva. “El abogado de oficio me perjudicó mucho”, lamenta July desde la cárcel. “Siento que nunca quiso defenderme. Más bien parecía que estaba en contra de mí”.

En Veracruz, en donde ella está en prisión, hay 42 abogadas y abogados de oficio para unos 7 mil 700 casos activos. Cada quien tiene, en promedio, 183 juicios simultáneos que atender y dar seguimiento, según datos oficiales.

Y Veracruz no es el peor, según información recabada en 16 entidades que cumplieron con entregar datos en solicitudes de información pública.

En Jalisco, por ejemplo, una abogada o abogado de oficio puede llevar 336 juicios simultáneos; en Nayarit, la cifra para un solo defensor o defensora es de 279 casos; en Puebla, 272; o en Baja California, 171.

En contraste, en Querétaro hay 53 defensoras y defensores públicos para 374 casos; un promedio de siete casos por persona.

Las cifras también reflejan que en ninguna de las 16 entidades que respondieron las solicitudes creció de manera significativa el número de personas defensoras, pese a que en 2020 la tasa de personas en prisión creció al ritmo más alto de los últimos 15 años, y a que en un solo año sumaron 14 mil nuevas personas privadas de la libertad, como te contamos en la primera parte de este reportaje.

De hecho, el número de abogadas y abogados públicos se ha mantenido igual en Veracruz —42, desde 2019— y en Guerrero —57, desde 2015—.

Mientras que la cantidad de defensoras y defensores públicos disponibles ha disminuido en estados como Yucatán —81 en 2017 y 66 este año—; Ciudad de México —de 527 en 2017 a 439 este año—; o Nuevo León —154 en 2015 contra 149 este año—.

Para Ángela Frías, experta penalista, el Sistema de Defensoría Pública enfrenta una grave crisis estructural. Ante la inmensa cantidad de casos acumulados, muchos abogados y abogadas de oficio optan por aplicar “defensas muy pasivas”, que consisten en recomendarle a la persona imputada que no declare, pues no tienen el tiempo para investigar y preparar un caso que acaban de recibir horas antes de la audiencia inicial, y que se suma a la inmensa fila de casos pendientes.

“Un defensor particular lleva dos o tres casos al mes”, plantea Frías. “Uno público recibe cinco o seis… en un solo día”.

En cuanto al presupuesto con el que operan las defensorías públicas, de las siete entidades que transparentaron esta información, en ningún caso hubo aumento de recursos. Por el contrario, mantuvieron igual los presupuestos, e incluso hubo casos como el de Nuevo León que aplicaron recortes: de 287 millones en 2020 a 281 este año.

El informe “Hallazgos: 2020. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, de la organización México Evalúa, identificó que del presupuesto anual que se destina para los operadores del sistema de justicia apenas 2% toca a las defensorías públicas: 3.9 mil millones de una bolsa de 177 mil millones.

Y algo similar sucede con los salarios de las y los abogados de oficio. De los trece estados que cumplieron con sus obligaciones de transparencia y entregaron la información a Intersecta y Animal Político, hay entidades como Baja California donde su sueldo neto en 2015 era de 20 mil 420 pesos, y seis años después sigue siendo exactamente el mismo. Mientras que en Puebla el salario era de 20 mil pesos en 2015 y ahora es incluso menor, 19 mil.

Además, hay enormes diferencias en lo que cobra un defensor o defensora pública dependiendo la entidad. En Guanajuato cobra 45 mil 647 pesos netos mensuales, y en Nayarit son 6 mil 221 pesos, casi siete veces menos.

Sobre este tema de los salarios, la investigación ‘El servicio profesional de carrera en Defensoría Pública en México’ apunta que en el 65% de los estados, estos profesionistas ganan menos que los agentes del Ministerio Público, pese a que la Constitución dice que deberían de ganar lo mismo. O que solo el 20% de ellos y ellas han recibido algún tipo de promoción o ascenso; solo el 36% tienen apoyos de jubilación o retiro, y solo el 37% hacen antigüedad.

La especialista Layla Gabriela Almaraz Olivares, señala que un defensor público es, antes que nada, un defensor de derechos humanos de todos los ciudadanos, y de ahí deriva la importancia de contar con un sistema de Defensoría Pública mucho más robusto.

“La prisión preventiva en personas que han sido víctimas de tortura tiene efectos terribles. Por eso las defensorías públicas son clave. Cuando una persona es detenida y más aún cuando es torturada y se enfrenta al poder punitivo del Estado necesita un aliado y esos son los defensores públicos. Más allá de las funciones que la ley marca los defensores somos, por naturaleza, defensores de derechos humanos”, dice Almaraz Olivarez, directora de Área de la Secretaría Técnica de combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

La penalista Ángela Frías, por su parte, plantea que una alternativa podría ser pedirle a los colegios y a las barras de abogados privadas que tengan un papel mucho más activo en la defensa de casos pro-bono, de manera gratuita y como un servicio a la sociedad.

El investigador Alberto Abad propone que las barras fijen porcentajes de este tipo de trabajo para sus abogados y abogadas. “Oye, ¿tú quieres ser miembro de la barra? Muy bien, pero tienes que dar el 20% de tu tiempo a casos pro-bono. Hasta ahora, la mayoría de barras no funcionan así”.

Además, la investigación de Alberto Abad arroja que también hay desorden administrativo en las defensorías públicas. Por ejemplo, en dos estados, la defensoría pública depende del poder judicial local; en cuatro, son organismos públicos desconcentrados; en cinco, son dependencias del gobierno local; en ocho son organismos desconcentrados, pero sectorizados en las secretarías de Gobernación locales; y solo en un caso dependen de la Consejería jurídica local.

Declararse culpable, una salida

A Gabriela la acusaron de robar 100 pesos. Su abogado de oficio le sugirió declararse culpable para hacer más corto el proceso y recibir una sentencia mínima. Ella se dice inocente, y quería que se revisaran las cámaras de videovigilancia para probarlo, pero aceptó la recomendación de su defensor.

Muchas personas como Gabriela, que no pueden pagar una defensa y llevan meses en prisión, optan por la recomendación de procedimientos abreviados, que se ha convertido en una salida cada vez más común para personas que están en prisión preventiva.

De acuerdo con datos de 21 estados que entregaron información pública, de 2019 a la fecha se resolvieron 161 mil 90 casos, pero de esos solo el 15% fueron por juicio. En el caso de Gabriela optó por declararse culpable y tener así un procedimiento abreviado.

El estudio “Hallazgos 2020: Seguimiento y Evaluación del Sistema Penal en México” realizado por México Evalúa muestra que, en 2020, en los estados 6 de cada 10 casos fueron cerrados con procedimientos abreviados, un número similar a lo que ocurre a nivel federal, de acuerdo con el censo de Impartición de Justicia Federal.

“Llama la atención el incremento en el uso del procedimiento abreviado, pues sin mecanismos de supervisión y control puede convertirse en una salida que incentive la fabricación de culpables”, alerta el estudio de México Evalúa.

Para las personas que escogen pelear por su inocencia, el costo es muy alto: mantenerse en prisión por meses o años, esperando que al final la resolución sea favorable.

Los datos oficiales obtenidos por Intersecta y Animal Político para esta investigación revelan que la proporción de personas que salieron absueltas de prisión en 2019 y 2020 por falta de pruebas supera en todos los casos —robos, narcomenudeo, secuestros y hasta homicidios— a aquellas que cumplieron con una condena. A nivel federal, 1 de cada 3 sentencias dictadas en un juicio son de total absolución.

Probar que no se cometió un delito es posible, pero implica años que hay que sobrevivir tras las rejas, muchas veces con una abogada o abogado que no tiene tiempo suficiente para seguir el proceso, y con los retos que implica la vulnerabilidad económica de las familias.

“Esta situación no solo destroza la vida de la persona que está presa. También destroza la vida de los demás, de toda la familia”, lamenta Martín, padre de July Raquel; que cada noche duerme pensando qué otras chambas pueden hacer él y su familia para sacar el dinero suficiente que le permita afrontar los gastos de la prisión preventiva de su hija y pelear para defender su inocencia.