La abogada Loreto Ried podría ser la experta que encabece una eventual liquidación de Swell Capital, la gestora que fundaron en 2018 los tres socios: Octavio Gamboa, Nicolás Iglesis y Juan Luis Montalva. Fue el 26 de julio cuando Tanner Corredores de Bolsa solicitó al 20° Juzgado Civil de Santiago la resolución de liquidación forzosa de Swell, representada por Montalva e Iglesis, por no haber cumplido con el pago de un pagaré por $ 827.260.266.
Esto, luego de que Gamboa se autodenunciara por hacer uso de las garantías de sus clientes para pagar deudas de su sociedad de inversiones privada, llamada Boris. Tanner, firma presidida por Ricardo Massú, es uno de los principales acreedores afectados de Swell, por lo que contrataron al abogado Francisco Bañados para armar la estrategia que les permita recuperar el capital que perdieron (a diferencia de otros casos ellos no eran aportantes de fondos, eran proveedores de servicios).
El primer paso: proponer un liquidador. En todo caso, para ello falta camino por recorrer. Loreto Ried lo explica: “Cuando a una persona le deben plata, hay distintos escenarios para obtener el cobro. Uno de ellos es la solicitud de liquidación. En ese caso, el acreedor propone a un liquidador y a uno suplente”. Tanner nominó a Ried como titular.
También existe el escenario de que Swell logre concretar la reorganización -su abogado asesor es Rodrigo Zegers-, que, explican conocedores del asunto, va a frenar la solicitud de liquidación, pues la compañía articularía un acuerdo que permita a los acreedores tener algún tipo de solución de sus garantías.
En ese caso, los tres principales acreedores van a nominar a un veedor, y luego será la junta de acreedores la que finalmente decida si va a aprobar o no ese acuerdo. Si se aprueba, la empresa deberá responder con lo pactado. Pero si se rechaza el acuerdo, se declara la liquidación de la compañía. Ahí podría entrar nuevamente en escena el nombre de Loreto Ried como liquidadora (anteriormente ese oficio era llamado síndico de quiebras).
Con todo, la firma no da tregua en su pelea: el 11 de agosto, Francisco Bañados presentó un nuevo escrito en el juicio sobre la liquidación forzosa de Swell. En el documento establece que ya se custodió físicamente el original del pagaré, suscrito el 5 de julio de este año, por la suma capital de $ 827 millones. Tras esto, el jurista pidió a la justicia proveer “derechamente la solicitud de liquidación forzosa”.
Además de esto, hay un vínculo que une a Tanner con Gamboa: su cuñado es gerente de Renta Fija Internacional de la corredora. Desde ahí, dicen que es solo una coincidencia y que no tiene relación con el conflicto.
Son tres las estrategias que se pueden llevar a cabo en casos de este tipo. La primera, es construir hechos e ir a dar la pelea en tribunales; es decir, Octavio Gamboa, representado por los penalistas Cristián Muga y Rodrigo Ávila, se confrontaría con Sartor y con sus socios en Swell, a quienes acusaría de negligencia en el manejo de los fondos y falta de control. Esa jugada, explican en la plaza, sería la más desgastante.
Segunda: argumentar que en el fraude no hubo dolo, sino que se trató de una administración desleal, sin ánimo defraudatorio ni de lucro por parte de Gamboa.
Una tercera opción sería ir al Ministerio Público a contar todos los hechos en detalle, poner el patrimonio disponible sin condiciones, y luego pedir que se considere el factor “exposición al riesgo”. En palabras de un experto en delitos económicos, “argumentar que los socios eran personas muy expuestas al riesgo, y calificadas, que no controlaron lo suficiente la administración del negocio”. En simple, añade: “si hubiesen revisado la información contable -pese a que el propio Gamboa ha reconocido que utilizó al contador Michael Suárez para alterar los saldos de cuentas de Swell- se habrían dado cuenta de que algo no calzaba”.
Según varias fuentes cercanas al autodenunciado, la estrategia que perseguirá el equipo de Gamboa -quien no arriesga penas de cárcel- será esta última.
Apenas Octavio Gamboa les contó a sus socios -Iglesis y Montalva- que había tomado las garantías de los clientes, ambos comenzaron a contactar a abogados, asesores comunicacionales y de crisis, y personas que tuvieran algún tipo de experiencia en este tipo de emergencias.
Entre los que tocaron sus puertas cuentan que están algunos de los socios de Aurus, la ex administradora general de fondos que en 2017 fue protagonista de un escándalo financiero luego de que su entonces gerente de inversiones confesara diversos delitos -como la entrega de información falsa al mercado y apropiación indebida-, provocando un daño por más $ 1.000 millones. “Ellos les dieron nombres de expertos en crisis y compartieron sus consejos.
El primero de ellos: hacer todo por reponer a sus clientes”, relata un cercano a Swell. Luego de conversar con varias oficinas dedicadas a asesorías comunicacionales de crisis, ficharon a la periodista Camen Luz Assadi, socia de E-Press. Ella está trabajando en el caso con el abogado Rodrigo Zegers. Por su parte, los acreedores afectados están siendo asesorados comunicacionalmente por la agencia Corpo.
Sartor conformó un equipo multidisciplinario de abogados a través del cual la administradora de fondos busca dejar por sentado que no tiene ninguna responsabilidad en el caso.
En primer lugar figura Gabriel Zaliasnik, quien, destacan fuentes de la firma, lidera toda la arista penal del proceso y, además, tiene un rol como representante de Sartor en conversaciones extrajudiciales que se han llevado a cabo con otros involucrados en el caso. A él se suma Sebastián del Piano, quien es el asesor de cabecera en materia financiera de la administradora y que los sigue asesorando en todo este proceso.
No es todo, pues el abogado José Luis Honorato fue contratado por Sartor y lidera dos arbitrajes civiles que la administradora de fondos presentó contra Swell ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, los que se mantienen bajo confidencialidad.
El objetivo del arbitraje es que se declare la obligación de Swell, como custodio de los valores de los fondos administrados por Sartor, de entregar dichos fondos que mantenía en custodia y la indemnización de perjuicios. Esto incluye: costo de asesoría de medios, abogados, expertos en imagen, entre otros ítems.
“La postura de Sartor de desnaturalizar los contratos, es un antecedente que afecta al mercado financiero ya que daña la fe pública en su totalidad. Desconoce si los contratos están firmados... qué clase de abogado habla en público y no sabe si los contratos están firmados... AMATEUR... o faltando a la verdad”.
Esa es parte de una de las publicaciones que por estos días circulan en las redes sociales por el caso Swell-Sartor. La escribe Matías Allendes Silva, quien en LinkedIn se define como “emprendedor y ejecutivo con 22 años de experiencia laboral nacional e internacional con exposición a Europa, Japón, México, Perú, Australia, USA, Colombia, Argentina, Brasil y China. MBA en China”. “En la industria en la que opera Sartor los códigos éticos son los que hacen la diferencia”, publicó en otro posteo.
“Increíble Matías, también estaba invertido en los dos fondos… Cuando me ofrecieron entrar, uno de los principales factores que tomé en cuenta era que ya había hecho inversiones anteriores a través de Sartor y tuve una buena experiencia, pero ahora ha sido un desastre...”, responde Fernando Casanova, socio en Capital Office.
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